La Seda de Barcelona y sus antiguos gestores, perseguidos por la Fiscalía
Cuatro operaciones fraudulentas han provocado que la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona haya presentado una querella contra el ex presidente de La Seda, Rafael Español y otros antiguos gestores.
La querella presentada por el Fiscal revela algunas irregularidades que se cometieron en cuatro operaciones realizadas por La Seda cuando Rafael Español controlaba la petroquímica. Exactamente se les acusa de varios delitos de apropiación indebida, falsedad, administración desleal, delito fiscal y contratos simulados.
Además del ex presidente de La Seda, también han sido imputados Aurelio González-Isla (director general corporativo de La Seda), Carlos José Sanz Laguna (director financiero), Carlos Gutiérrez Mondedeu, Xavier Plana Bassols, Yuri Herreras Yamabins y Ramon Valenzuela.
Las operaciones no solo implican a estas personas, sino que también afecta a la consultora Horwath, encargada de auditar las cuentas de La Seda en 2009. Unidos por La Seda, la plataforma que agrupa a los accionistas minoritarios de la compañía, denunció a la auditora en varias ocasiones por irregularidades en su trabajo.
Imastogil, propiedad del Grupo Matos (antiguo accionista de la compañía catalana) es otra afectada. Esta estuvo implicada en una compraventa de acciones con La Seda. Imastogil usó dinero de La Seda para comprar acciones de misma Seda, es decir, se quedó directamente con el dinero de La Seda. Además, ya estaba siendo investigada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El resto de operaciones también detectan ciertas irregularidades. En 2008 La Seda vendió mercancías a empresas de Rusia y Túnez. Ni las ventas fueron pagadas por los clientes ni las mercancías llegaron a ellos. Se considera que hay indicios de que se trata de un caso de facturación ficticia. Un total de 68 millones de euros deterioraron las cuentas de la química por las ventas a estas empresas.
La otra operación a la que hace referencia la querella y que Unidos por La Seda ha denunciado es la concesión de dos préstamos participativos a Jatroil, uno de 2,4 millones y otros de 17,4 para operaciones que nunca se llevaron a cabo.
Por último, se acusa a Provimola de la venta ficticia de licencias de tecnología por 100 millones de euros. Según el informe del auditor KPMG se trata de una operación “supuestamente falsa” cuyo fin era quedarse con los 100 millones euros. Esto deteriorará las cuentas de la compañía en 2008.
La Fiscalía también ha solicitado que cada una de las cuatro operaciones se tramite por separado.
