ECONOMÍA
El plan permitirá obtener unos ingresos adicionales de 1.000 millones
Última actualización 10/03/2010@15:01:38 GMT+1
El Ministerio de Economía y Hacienda cifra en 4.000 millones de euros el impacto económico del nuevo plan antifraude aprobado el pasado viernes para el periodo 2010-2013, de los que 3.000 millones son los que se dejarían de recaudar por esta vía en caso de que no se hubieran puesto en marcha nuevas medidas.
Junto a esos 3.000 millones que no se perderán, el plan permitirá obtener unos ingresos adicionales de 1.000 millones, el 0,1 por ciento del PIB, según detallaron hoy fuentes del Ministerio.
De esta forma, al final del periodo previsto habrá aumentado la recaudación procedente de la lucha contra el fraude, cuando en un contexto de menor crecimiento económico lo normal sería que bajara, ya que al caer la actividad y los beneficios empresariales el propio fraude es menor.
El resultado económico de la lucha contra el fraude fiscal ha aumentado desde los 5.526 millones ingresados por la Agencia Tributaria (AEAT) en 2005 hasta los 8.119 millones de 2009, a los que hay que sumar otros 6.405 millones recaudados por la Seguridad Social en esos cinco años.
Asimismo, en los dos últimos años la colaboración entre la AEAT y la Seguridad Social ha permitido facturar otros 146,8 millones correspondientes al embargo de devoluciones tributarias de empresas y particulares que no estaban al corriente de sus obligaciones sociales.
Para Economía y Hacienda fortalecer la cooperación entre AEAT, Seguridad Social e Inspección de Trabajo constituye la pieza clave de un plan que tiene como objetivo intensificar el control sobre las conductas fraudulentas (en especial, la economía sumergida) y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de pago.
Para fomentar la voluntariedad se llevarán a cabo campañas de sensibilización social, se implicará a las asociaciones empresariales de los sectores de mayor riesgo con la firma de acuerdos para prevenir el fraude y se reducirá la burocracia, con la creación de un certificado único para acreditar que se está al corriente del pago de impuestos y cuotas sociales.
En lo que respecta a las actuaciones de control, en el ámbito fiscal se pondrá el acento en combatir los paraísos fiscales, el contrabando de determinadas mercancías, las empresas insolventes que mantienen una actividad encubierta, las rentas no declaradas y las falsas facturas o la utilización de gastos que no son fiscalmente deducibles.
En el ámbito laboral se controlarán los falsos autónomos, las horas extras no declaradas, las bajas indebidas, los talleres clandestinos, los comercios minoristas de precios notoriamente bajos, las campañas estacionales agrícolas y las actividades peligrosas sin la prevención adecuada.
Dentro de la Seguridad Social se vigilará el fraude en materia de afiliación, altas, cotización, prestaciones y bonificaciones, junto a posibles irregularidades con trabajadores extranjeros.
En la consecución de la labor de control, habrá actuaciones conjuntas de AEAT, Seguridad Social e Inspección de Trabajo, que compartirán toda la información disponible y que se coordinarán en la recaudación de los tributos y de las cotizaciones sociales.