El acusado, Charles Antonucci, fue presidente y consejero delegado de The Park Avenue Bank, especializado en préstamos a la pequeña empresa, entre junio de 2004 y octubre de 2009. A finales de 2009, la entidad tenía más de 500 millones de dólares en depósitos, precisó la fiscalía en un comunicado de prensa.

Las autoridades bancarias en el estado de Nueva York se incautaron del banco el pasado viernes y lo pusieron en manos de la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) para su venta.

La fiscalía alegó que Antonucci, de 59 años, usó una compañía de su propiedad, Easy Wealth Group, para obtener de manera fraudulenta fondos del banco, que luego no logró devolver y generaron pérdidas de 400.000 dólares a esa entidad.

Antonucci, que fue detenido hoy en su residencia de Fishkill (Nueva York), también aprobó descubiertos bancarios por valor de unos 8,5 millones de dólares a compañías controladas por un cómplice y gastó más de un millón de dólares de los fondos bancarios en propiedades personales.

El acusado mintió además a las autoridades bancarias estatales y federales al asegurar que había aportado unos 6,5 millones de dólares para mejorar el nivel de capital del banco, una operación con la que pretendía conseguir más de 11 millones del Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP), aprobado a finales de 2008 para sanear el sistema bancario estadounidense.

La fiscalía determinó que el capital, supuestamente personal, que había inyectado Antonucci procedía en realidad de fondos que el banco había concedido a compañías relacionadas con él, que depositaron después en cuentas controladas por el acusado y que este ingresó con posterioridad en The Park Avenue Bank.

El inspector general para el programa TARP, Neil Barofsky, resaltó al anunciarse la acusación a Antonucci que "es la primera ocasión en que se presentan cargos criminales en relación con un intento directo de robar la inversión de los contribuyentes en el TARP"

Antonucci está acusado además de estafar algo más de 100.000 dólares a dos pastores de una congregación religiosa en Coral Springs (Florida), a los que el acusado y otro cómplice convencieron para que invirtieran esos fondos a cambio de una notable rentabilidad, algo que no ocurrió pues los instigadores se repartieron el dinero, según la fiscalía.

Algunos de la decena de delitos que se le imputan contemplan penas de hasta 30 años de prisión.